Como estudiantes universitarios, de vez en cuando recibimos invitado/as a las clases que asistimos. En nuestra clase de Inclusion Educativa y Atencion a la Diversidad que tuvimos la semana pasada, llego de visita de una
profesora que nos vino a hablar sobre las distintas políticas de diversidad existentes en Chile.
Comenzó comentando las diferencias de los
enfoques que podían ser de: inclusión, segregación, exclusión e integración.
Luego vimos la Ley General de Educación
donde engloba la política de educación especial, el programa intercultural, la
ley de subvención preferencial y la ley de inclusión escolar. Si bien, todas
estas leyes apuntan inicialmente a un foco inclusivo, nos encontramos con contradicciones
como el hecho de que aun se acepte que los colegios seleccionen a los estudiantes que pueden entrar. Además son programas que piden
requisitos para poder ser llevados a cabo, como el programa intercultural, que
exige que en la ubicación del establecimiento se concentre un alto foco de
población étnica, sino, no puede ser llevado a cabo, limitando así que otros y
otras estudiantes tengan acceso a conocer más sobre una cultura que nos
involucra a todos y todas por igual.
Respecto a la Ley de subvención
preferencial, ésta categoriza a los colegios en autónomos, emergentes y en
recuperación según su desempeño en las pruebas estandarizadas, y a partir de eso,
es que según sus puntajes pueden ser más autónomos o no en cuanto a
construcción de planes educativos y distribución de recursos. Es en este punto donde
sería curioso detenernos y reflexionar.
Al separar de esta forma las escuelas,
generamos de inmediato una discriminación con aquellas que no sobresalieron en
sus puntajes por distintos motivos, al considerar un establecimiento como “en
recuperación”, entra a estar altamente intervenido y sin opciones de ofrecer
propuestas respecto a la educación que quieren entregar porque todo se define
desde centros externos como lo es, por ejemplo, la Agencia de Calidad en la Educación.
Vemos que todas estas entidades se apegan a
modelos universales de aprendizaje, aun así buscando “inclusión”, sin embargo,
no deja que sus propios actores sean capaces de proponer lo que para ellos
puede ser mejor para sus estudiantes, según las necesidades que ellos perciben
en la cotidianidad del proceso educativo y relacional. Poco deben conocer los contextos de los y las estudiantes
pertenecientes a ese cuerpo educativo, pero no es de su importancia realmente,
solo importa que aprendan a responder una prueba, sin darse cuenta que hay
otros factores que pueden estar influyendo en ese rendimiento y no le ponen la
real importancia que requiere.
Así entonces, vamos aumentando la
diferencia entre colegios que tuvieron altos puntajes en las pruebas (sin que
nadie cuestione como los obtuvieron, porque es sabido que algunos colegios no
dejan que sus estudiantes con bajo rendimiento rindan la prueba) con aquellos
que respondieron de la misma forma, y por eso son castigados, perdiendo
autonomía, siendo estigmatizados y amenazados con ser cerrados si no salen de
esa categoría en un plazo de tres años, siempre con un enfoque punitivo, demostrando una vez más que es
lo económico lo que realmente le importa a todos estos cuerpos y agentes de
educación.
Con todo lo dicho anteriormente, resulta
interesante preguntarse por el foco real que buscan nuestras leyes, creemos que hasta que las
subvenciones y lo económico no deje de estar como protagonista dentro de la
educación, no podremos avanzar hacia una verdadera y completa inclusión en la educación.
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